Tiene sí en cambio la obligación y la responsabilidad de procurar aminorar o evitar sus soluciones más extremas, aquellas que comprometen en su opinión el futuro del país y el bienestar de sus habitantes.
Para ello cuenta con la fuerza que le ha confiado la ciudadanía, otorgada para, mediante los mecanismos habilitados por la Constitución y la Ley, procurar equilibrios, reclamar prudencia, controlar la gestión de los gobernantes, defender los intereses de los más desfavorecidos y buscar en todo caso las soluciones que entiende más adecuadas, conforme a su concepción y su programa.
Es una tarea delicada, expuesta -como ocurre con la de gobernar- a errores y excesos. De evitarlos se trata.
Este es el terreno de la llamada “oposición constructiva” o “responsable”.
Corresponde también a la oposición cooperar con el gobierno en las políticas de estado que gozan del apoyo básico de todos los sectores –sin perjuicio de los explicables matices- y se encuentran más allá de las orientaciones específicas de una administración determinada.
Y a la vez, le compete impulsar y apoyar las propuestas del gobierno que coincidan con sus propias orientaciones, procurando perfeccionarlas.
En todos los casos la responsabilidad reclama estudio, conocimiento de la realidad, interpretación de los sentimientos y necesidades de la sociedad, equilibrio y disposición positiva.
Todo lo cual nos aparta de las políticas de obstrucción, del “no” sistemático, automático o prejuicioso, de la oposición irracional, destructiva o de aquélla que pretende justificarse por sí misma
y nos conduce al terreno de la negociación, la búsqueda de acuerdos y los aportes para el mejoramiento de las propuestas, con reserva de la firmeza y aún de la intransigencia para las cuestiones que por fundamentos de orden programático, por motivos políticos de fondo y sobre todo por razones éticas, aparecen como no negociables.
De todo lo cual se infieren una serie de derechos para la oposición:
-el derecho a ocupar los cargos que legítima y proporcionalmente le corresponden,
-el derecho a estar informada,
-el derecho a no ser discriminada cuando le toca ejercer responsabilidades de gobierno,
-el de no ser irracionalmente excluida,
-y el de ejercer los controles que son de su competencia.
El ejercicio de estos derechos otorga un valor agregado de transparencia y solidez al sistema democrático.
Su vigencia, que es de principio, se ratifica y reafirma cuando la oposición comprende al 40% de la ciudadanía.
Su negación -antidemocrática e injustificada- engendra desconfianza, alimenta la opacidad del sistema, justifica los prejuicios y puede desatar la tentación del obstruccionismo.
